En agosto de 2025, Omar Ahmed y Nausheen Gilkar contrataron a McKenna West, enfermera de Alaska, para gestar a su hijo. En la semana 20 de embarazo, un diagnóstico cambió todo: síndrome de corazón izquierdo hipoplásico; una malformación que exige, como mínimo, tres cirugías desde el nacimiento. La pareja pidió abortar, pero West se negó y, dos días antes del parto, viajó a Texas, donde el aborto está fuertemente restringido. Dio a luz el 13 de agosto. Un juez ordenó tratamiento vital para el bebé; la pareja obtuvo una orden que le prohíbe a West tocarlo, ni siquiera verlo. Ellos lo llaman Rumi. Ella lo llama Baby Gabriel. Dos nombres para el mismo niño.

LO QUE DECÍA EL CONTRATO

Fijaba 6,000 dólares mensuales desde el comienzo del tratamiento y la gestación (es decir 60,000 ya pagados) y una cláusula aparte: 2,000 dólares por interrumpir el embarazo. Sí, eso también estaba previsto. Todo tenía tarifa, incluso la posibilidad de que ese hijo dejara de existir. Unos 5,000 extra si el bebé debía nacer por cesárea, 500 por cada noche de internación. Hoy, la pareja demanda a West por más de 100,000 dólares: quiere recuperar lo que ya le había pagado, más una cifra sin especificar por “conducta maliciosa”.