En octubre de 2024, una estudiante de Cornell University denunció haber sido drogada con ketamina y agredida sexualmente durante varias horas por siete miembros de una fraternidad, mientras mensajes de Snapchat entre ellos coordinaban el acceso a ella como si fuera mercancía disponible.
El fiscal a cargo decidió no presentar cargos. Su justificación: un documento de apenas seis páginas describía los hechos como “voluntarios y consentidos”. Nunca leyó ni escuchó las transcripciones completas de las entrevistas policiales. Casi dos años después, cuando una periodista se las mostró, el propio fiscal admitió frente a cámaras: “Nunca las vi, nunca las escuché hasta esta noche”.
Mientras tanto, el proceso interno de la universidad terminó en sanciones que generaron indignación pública: de los siete señalados, solo dos fueron expulsados; otros recibieron medidas como redactar un ensayo académico. La denunciante pidió que le devolvieran la colegiatura para irse de Cornell. Se lo negaron. Terminó abandonando la universidad de cualquier forma. Y cuando decidió exigir justicia por la vía legal, sus propios abogados eligieron demandar bajo una ley estatal de Nueva York, no bajo el mecanismo federal diseñado específicamente para estos casos. El mensaje implícito de esa decisión lo dijo una abogada citada en la prensa: sus representantes ya no confiaban en que el sistema federal protegiera a las sobrevivientes.
El caso se reabrió apenas en septiembre de 2026, casi dos años después de los hechos, no porque el sistema funcionara, sino porque alguien externo (una periodista, una demanda civil) obligó a que se revisara lo que ya existía desde el principio.
México no necesita cruzar la frontera para reconocer ese patrón. El juicio, la serie de Prime Video estrenada en septiembre de 2026 con Eugenio Derbez y Pedro Alonso, lo trae de vuelta a la conversación nacional al dramatizar un abuso de poder dentro del sistema de justicia mexicano. La historia resuena (y no por casualidad) con un caso real que México ya intentó olvidar: el de Los Porkys de Costa de Oro, en Veracruz. En enero de 2015, Daphne Fernández, de 17 años, denunció haber sido agredida sexualmente por un grupo de jóvenes con apellidos conocidos en el puerto. Pasó más de un año sin que se librara una orden de aprehensión. Uno de los señalados, Diego Cruz, fue finalmente detenido en Madrid por la Interpol en 2016 y extraditado, solo para ser absuelto en marzo de 2017 por un juez federal que determinó que no había existido “intención lasciva”. Otro de los acusados obtuvo un amparo; un tercero sigue prófugo.
El caso se convirtió en sinónimo, dentro del lenguaje público mexicano, de impunidad para quienes tienen el apellido o el dinero correctos. Cornell y Costa de Oro ocurrieron en países distintos, en décadas distintas, bajo sistemas legales distintos. El resultado, sin embargo, es el mismo: el poder protege a quien lo tiene, y la institución que debía impartir justicia termina, en los hechos, impartiendo impunidad.
