Decenas de periodistas, creadores de contenido y personajes dedicados a la sátira política alzaron la voz.
Debido a la controversia, la propuesta tuvo que matizarse. Se modificó la redacción del Artículo 403 Bis para especificar que la sanción penal aplicará exclusivamente cuando exista un uso comercial y lucro ilegal con la imagen del gobierno, protegiendo así el derecho a la parodia, el periodismo y la crítica política.
¿Eso toca a quienes monetizan con memes, videos y sketches de política? No queda claro.
Lo anterior no es cosa menor, ya que las penas contempladas por infringir esta ley podrían ser de uno a cinco años de prisión (la presidenta proponía de tres a siete) por fraude institucional y multas de hasta 1,173,100 pesos (10,000 Unidades de Medida y Actualización).
Pero la iniciativa alcanza también a los proveedores de internet y medios de comunicación que difundan contenido creado con IA que clone rostros y voces de personajes populares.
¿Un meme entra en esta categoría? Tampoco se especifica.
De lo que no cabe duda es del castigo que se propone. Las multas para plataformas digitales podrían alcanzar los 4,692,400 pesos para las empresas tecnológicas que no implementen políticas de desactivación a cuentas infractoras reincidentes.
Para la radiodifusión, se propuso aplicar multas específicas de hasta 586,550 pesos por retransmitir, fijar o difundir emisiones sin previa autorización del titular de derechos. Esto podría ser positivo… pero también no. Ya sabemos que los políticos suelen valerse de cualquier iniciativa para intentar callar voces críticas. Si no le bajan el switch a quien se burle, a la plataforma podría costarle caro. Muy caro.
“¿Te pago para que me pegues? ¡Faltaba más!”, dijo José López Portillo un 7 de junio de 1982 durante una comida que honraba el Día de la Libertad de Prensa. Ese mismo espíritu represor prevalece en cualquier persona que ostente el poder, independientemente del partido político al que represente.
No olvidemos a personajes como Gerardo Fernández Noroña, que cuando fue presidente del Senado, se aprovechó de su investidura para exigirle a un ciudadano común que le pidiera perdón, en una ceremonia propia de la realeza, por haberlo increpado públicamente.