Es un apodo, no una organización criminal reconocida oficialmente, pero describe algo muy real: redes que se apropian de casas y terrenos con escrituras, poderes notariales y contratos falsos, hasta remates judiciales que jamás existieron.

Ayudar a alguien a morir en México puede costarte hasta doce años de cárcel, igual que a un secuestrador. Silvia tiene 69 años y un amparo en la Suprema Corte. Samara tiene 31 y organiza una marcha para agosto. Ambas pelean por su derecho a morir dignamente. La diferencia entre quitarte la vida y la muerte asistida enciende las redes, que también censuran.