Y el problema no es solo mexicano ni tampoco anecdótico. La OCDE ha señalado a México entre los países miembros con mayor uso de cláusulas de no competencia: entre 23% y 39% de los contratos de los empleados del sector privado las incluyen, colocando al país en el tercer lugar del organismo. Lo más revelador es a quién se le imponen: entre 10% y 28% de los trabajadores sin acceso a información confidencial también están sujetos a ellas, igual que entre 14% y 32% de empleados que no ocupan puestos gerenciales ni profesionales. Es decir, se usan mucho más como control general que como protección específica de algo valioso.

Y ese exceso tiene un costo medible. La misma investigación asocia un aumento de diez puntos porcentuales en la prevalencia de estas cláusulas con una caída de 1.9% en la productividad laboral. Frenan la movilidad de talento, presionan a la baja los ingresos de quienes las firman y limitan la innovación que normalmente proviene de que la gente circule entre empresas, industrias y proyectos.

Entonces, ¿qué protege realmente a una empresa cuando alguien clave se va a la competencia? No es la cláusula que prohíbe trabajar en otro lado. Son los acuerdos de confidencialidad bien redactados, que sí tienen dientes reales en tribunales: protegen listas de clientes, procesos internos, fórmulas, sistemas y manuales, con consecuencias concretas si se filtran o se usan indebidamente. La diferencia es sutil pero decisiva: uno intenta controlar a la persona, el otro protege la información.