La Ley de Economía Digital no busca que pagues mejor, pretende que el SAT te vea mejor

Se vendió como modernización: terminales, QR, transferencias. Pero el sector que más la va a sentir no es el que ya factura, es el que cobra exclusivamente en efectivo (más de la mitad de la población ocupada de México). 

El aperitivo

Según el INEGI, la informalidad laboral alcanzó 54.8% de la población ocupada en el primer trimestre de 2026, alrededor de 32.6 millones de personas. Los sectores con mayor informalidad no son marginales: el sector agropecuario llega a 84.6%, “otros servicios” a 83%, la construcción a 81.5%, y el de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas a 71.2%. Es decir: el campo, los puestos de comida, los talleres, los tianguis. Ahí el efectivo no es una preferencia cultural, es la infraestructura completa del negocio.

Eso es justo lo que están diciendo quienes vendrían obligados a cambiarla. En una encuesta de Quadratín entre comerciantes del tianguis de San Juan de Guadalupe, los diez consultados rechazaron la ley: citan falta de internet en la calle, que muchos no saben usar una terminal bancaria, y que quien vive de la venta diaria no tiene margen para absorber comisiones ni inversión inicial. Paz Abad González, propietaria de una florería, lo resume sin rodeos: la comisión bancaria por venta “se llevará las ganancias”. Carlos Alberto Pérez, de un taller de mofles, señala que buena parte de sus clientes paga todavía con monedas y billetes chicos, y que la ley no distingue entre quien puede adaptarse y quien no. Mario Grijalva, otro comerciante, ya resolvió el dilema a su manera: solo acepta efectivo y transferencias directas, precisamente para evitar los costos de una terminal bancaria.

En paralelo, especialistas en materia fiscal explican sin ambigüedad hacia dónde apunta el mecanismo. Rodolfo Servín, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, lo dijo así: “La ley nos va a obligar poco a poco a restringir el uso de efectivo”. Y los pagos electrónicos quedarán vinculados al CFDI y a la CURP, lo que permitirá “identificar con rapidez a quienes operan fuera de la formalidad”, añadió. No es una lectura forzada de la ley. Es la lectura que ya están haciendo quienes trabajan todos los días con el SAT.

El plato fuerte

El mecanismo legal detrás de esa lectura ya existe, y no es nuevo: se llama discrepancia fiscal, artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Si las erogaciones de una persona (gastos, depósitos, pagos con tarjeta) superan los ingresos que declaró, el SAT puede presumir que la diferencia es ingreso gravado, notificarlo, y darle veinte días para acreditar el origen del dinero. Los bancos ya están obligados a reportar depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos mensuales. Lo que hoy no reportan (porque hoy no existe) es el historial completo de pagos digitales de un puesto de tacos, una tiendita o un taller que, hasta ahora, solo habían manejado efectivo.

Ahí está el cambio real que esta ley trae para el sector informal: no es que el SAT vaya a fiscalizar más agresivamente lo que ya ve. Es que, por primera vez, va a poder ver lo que antes era estructuralmente invisible. Y eso ocurre justo cuando la recaudación del ISR (el impuesto que aporta 51 de cada 100 pesos que recauda el SAT) lleva ocho meses consecutivos cayendo en términos reales, con una caída de 1.9% anual solo en septiembre.

La fiscalización ya generó 1.2 billones de pesos adicionales en 2024, según cálculos de especialistas, y todo apunta a que se intensificará en 2027. Que la Secretaría de Hacienda (no la Secretaría de Economía) sea quien decide qué sectores quedan obligados primero, y que el propio titular de Hacienda ya haya adelantado que gasolineras y casetas de peaje están entre los primeros candidatos, no es una coincidencia menor. Son, precisamente, los puntos de mayor flujo de efectivo difícil de evadir.

Desde mi perspectiva, eso es lo que distingue una política de modernización real de una política de recaudación disfrazada de modernización. Una política de modernización empezaría por las restricciones reales del sector informal, conectividad, alfabetización digital, acceso bancario, y construiría una transición con subsidios, exenciones y plazos pensados para quien vende en la calle, no solo para quien ya tiene terminal desde hace años.

Lo que esta ley construye, en cambio, es un calendario de treinta días hábiles para que Hacienda decida a quién le aplica primero la obligación más severa, sin que ninguna de sus etapas incluya, hasta ahora, un capítulo dedicado a la inclusión financiera del comerciante que hoy vive del efectivo. Eso no significa que combatir la evasión sea ilegítimo. Significa que no hace falta llamarlo economía digital para que sea, honestamente, lo que es.

La sobremesa

Que México necesite ampliar su base de contribuyentes no es, en sí mismo, un argumento indefendible: la informalidad también significa trabajadores sin seguridad social, sin crédito, sin pensión. El problema no es el objetivo. Es la forma en que se está vendiendo un objetivo fiscal como si fuera un fin de modernización, dejando que el costo de la transición (la terminal, la comisión, la curva de aprendizaje, el riesgo de una discrepancia fiscal nueva) caiga primero sobre quien menos margen tiene para absorberlo.

La pregunta que valdría la pena hacerle al gobierno no es si el efectivo debe desaparecer. Es, de los dos objetivos que esta ley podría perseguir (ampliar el acceso financiero de quien hoy vive en la informalidad o ampliar lo que el SAT puede ver y cobrar), cuál de los dos explica realmente por qué gasolineras y casetas, y no el campo ni la construcción, son los primeros nombres sobre la mesa.

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Christina Martínez (@chris.tuabogada)

Especialista en Derecho Corporativo, Laboral y Migratorio. Asesora a empresas nacionales e internacionales en estrategias corporativas, laborales, migratorias, cumplimiento normativo y transformación organizacional. Convencida de que ninguna política de “modernización” debería poder esquivar la pregunta de a quién beneficia primero.

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Especialista en Derecho Corporativo, Laboral y Migratorio. Asesora a empresas nacionales e internacionales en estrategias corporativas, laborales, migratorias, cumplimiento normativo y transformación organizacional. Convencida de que ninguna política de “modernización” debería poder esquivar la pregunta de a quién beneficia primero.

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