El gobierno llamó “fraude” a algo que su propia ley permitió

La pregunta es si llamarle “fraude” a algo que la ley autorizó convierte, por decreto, en ilegal lo que durante cincuenta años fue legal.

El aperitivo

En su conferencia matutina del 22 de octubre, Sheinbaum fue directa: “Encontramos fraudes, digamos, relacionados con las pensiones”. Dijo que algunos trabajadores habían obtenido pensiones superiores a las que legalmente les correspondían, estimó el impacto económico en cientos de miles de millones de pesos, sin dar una cifra definitiva, y prometió detalles en conferencias futuras. No especificó mecanismos, ni casos, ni montos concretos. Lo que sí anunció fue que el gobierno regularía la Modalidad 40 para “proteger los fondos de pensiones”.

Días después, el Consejo Técnico del IMSS emitió un acuerdo que restringe el esquema: según el especialista en pensiones Pedro Vásquez Colmenares, un trabajador ahora solo puede inscribirse con un salario de hasta una UMA por encima del que tenía registrado (no hasta 25 UMA, como permitía la ley hasta ese momento). La diferencia no es menor: bajo las reglas anteriores, pagar alrededor de 12,000 pesos mensuales durante cinco años (720,000 pesos en total) podría traducirse en una pensión mensual superior a 80,000 pesos de por vida. Ese es, exactamente, el tipo de operación que ahora quedó bloqueada.

La reacción no se hizo esperar. Trabajadores del IMSS marcharon calificando la medida de “decretazo” ilegal. El abogado laboral Carlos Mendoza y varios académicos coinciden en un punto: un acuerdo administrativo no puede modificar lo que la ley concede. Jorge Antonio Loyo, de un sindicato afectado, habló de trabajadores que ahorraron durante años (o vendieron parte de su patrimonio) específicamente para poder costear esta estrategia antes de jubilarse, muchos de ellos entre 58 y 59 años, y que hoy se quedan sin la opción que llevaban planeando.

El plato fuerte

El problema de fondo no es nuevo ni es un secreto para quien ejerce derecho laboral y de seguridad social: la pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1973, la que aplica a la llamada “generación de transición” se calcula sobre el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, no sobre toda la vida laboral. Eso convierte a Modalidad 40 en una herramienta perfectamente legal para quien puede costear la cotización, en sus últimos años antes de jubilarse, sobre un salario mucho más alto del que realmente tuvo. El diseño siempre privilegió a quien tenía liquidez al final de su vida laboral, no a quien cotizó de forma consistente y modesta durante treinta años. Esa es una crítica estructural válida y no es nueva; especialistas en pensiones la han señalado por años.

Lo que cambia ahora es el método. El Consejo Técnico del IMSS es un órgano de gobierno del Instituto, no el Congreso de la Unión. Restringir por acuerdo administrativo un derecho que la Ley del Seguro Social concede expresamente abre una discusión constitucional real: la reserva de ley exige que los derechos y obligaciones en esta materia se modifiquen mediante el proceso legislativo correspondiente, no mediante un acuerdo interno del propio organismo que paga las pensiones. A eso se suma el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, reconocido en el artículo 1.º constitucional desde la reforma de 2011: una vez que un derecho se amplía, restringirlo exige una justificación reforzada que, hasta ahora, el gobierno no ha hecho pública con cifras verificables de fraude.

Los números disponibles tampoco confirman, por sí solos, la narrativa de fraude masivo. En 2024 había aproximadamente 275,000 personas inscritas en Modalidad 40; en 2025, cerca de 300,000.

El grupo de trabajadores no inscritos que planeaban usar el esquema se estima en menos de un millón. Son cifras de uso de un derecho legal, no evidencia pública de un delito. La investigación del IMSS anunciada desde febrero de 2026 sobre presuntas irregularidades, según el propio experto consultado, no ha publicado resultados.

La sobremesa

Que el diseño de Modalidad 40 haya sido injusto con quien no podía pagarla es un argumento legítimo para reformarla. Que el gobierno decida corregirlo por la vía más rápida (un acuerdo administrativo, con la palabra “fraude” como justificación política antes que como hallazgo documentado) es un atajo que probablemente termine resuelto en los tribunales, a costa de miles de amparos y de la certeza jurídica de quienes llevaban años planeando su retiro bajo reglas que la propia ley les garantizaba.

La pregunta que vale la pena hacerse no es si la Modalidad 40 era justa. Es si corregir una injusticia estructural justifica saltarse el proceso legislativo que existe, precisamente, para que estas decisiones no dependan de lo que se anuncie una mañana en una conferencia de prensa.

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Christina Martínez (@chris.tuabogada)

Especialista en Derecho Corporativo, Laboral y Migratorio. Asesora a empresas nacionales e internacionales en estrategias corporativas, laborales, migratorias, cumplimiento normativo y transformación organizacional. Convencida de que ni los fraudes ni los derechos adquiridos deberían definirse en una mañanera.

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