Las prioridades están trastocadas

En marzo, Claudia Sheinbaum presentó el nuevo corte de datos: 130,178 personas registradas como desaparecidas desde 2006, pero solo 43,128 consideradas como desapariciones “vigentes”, porque el resto tendría algún tipo de “actividad”. Algunos se vacunaron, otros asistieron a un servicio público de salud y algunos hasta votaron en una elección oficial. Un tercio de los casos no cuentan con la información suficiente para iniciar la búsqueda.

Lo llamativo es el contraste: mientras el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la CIDH describen el fenómeno mexicano como “generalizado” e “indiscriminado”, la presidenta niega que se trate de un crimen de lesa humanidad. Y las prioridades parecen trastocadas. El pato Merlín puede ser invitado a la conferencia mañanera, pero las madres buscadoras no son recibidas de manera formal y pública por la presidenta, quizá porque lo considera una emboscada política.

Bajo el gobierno de López Obrador, la Comisión Nacional de Búsqueda se volvió un actor incómodo, y su entonces titular, Karla Quintana, renunció en 2023 en medio de la depuración del registro, en desacuerdo con la forma en que se estaban tocando las cifras y los criterios. Desde entonces, el país vive en una especie de guerra de números. 

Argentina y Colombia también cuentan a sus desaparecidos por miles, pero México los supera a todos, según el Comité de la ONU, que ya acumula cientos de acciones urgentes.